A todos nos ha llegado la noticia de que al ex-ministro cazador le han sancionado por hacerlo sin licencia. ¿Qué pensaríamos si, además de cazar de manera ilegal, recibiera subvenciones gubernamentales para su actividad? Pues eso es lo que ocurre con las subvenciones para actividades pesqueras.
Greenpeace acaba de presentar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional pruebas de las actividades pesqueras ilegales de la empresa Vidal Armadores, S.A.
Uno de los casos mejor documentados en la denuncia de Greenpeace es el del buque de bandera namibia Paloma V. En abril de 2008, inspectores de Nueva Zelanda demostraron en Auckland que este pesquero estaba controlado por Vidal Armadores S.A. desde su centro de operaciones en Ribeira, Galicia. Según los datos de la inspección, el Paloma V estuvo involucrado en trasbordos ilegales y formaba parte de una red de barcos dedicados a la pesca ilegal, que incluiría a barcos de bandera española pertenecientes a Vidal Armadores, el Belma y el Galaecia. Como resultado de la inspección, el Paloma V entró a formar parte de la lista negra de buques de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos (CCAMLR en sus siglas inglesas).
Otro de los casos recogidos, el del buque Black Moon, muestra el modus operandi de este tipo de barcos pesqueros piratas. En los últimos siete años, la embarcación ha tenido siete nombres diferentes: Dorita; Magnus; Eolo; Red Moon; Black Moon; Ina Maka y Galaxy, y cuatro banderas: Uruguay; San Vicente y las Granadinas; Guinea Ecuatorial y Corea del Norte. De esta forma, los barcos escapan a cualquier control. En un documento enviado por el Gobierno de Sudáfrica a todos los miembros de la comisión de pesca de la Antártida en 2007 se describe cómo el Black Moon, controlado por Vidal Armadores, estuvo entre el 11 de enero y el 24 de abril de 2006 involucrado en, al menos, ocho operaciones de pesca conjuntas con otros barcos, siete de los cuales están incluidos en la lista negra de buques de CCAMLR, algo completamente ilegal.
A pesar de estas conductas ilegales denunciadas por varios países, España concedió subvenciones a Vidal Armadores, S.A. por más de 3,6 millones de euros entre 2003 y 2005. En total, 2,6 millones de euros se destinaron a “pesca experimental” en el mismo área, la Antártida, donde sus barcos habían sido condenados por actividades ilegales.
Estos hechos demuestran claramente que es necesaria una profunda investigación por parte de la justicia, y la necesidad de acabar con los agujeros legales que estos operadores utilizan para evitar los controles, tales como el trasbordo en alta mar para no declarar la pesca en puerto y el re abanderamiento de los barcos pesqueros. Así que, como mínimo, el ministerio debería exigir la devolución de las subvenciones que recibió el armador.
Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España
